Algunos defensores de la concepción reproductiva de la especie humana, ideología implantada por la iglesia con el objetivo de validar las relaciones sexuales, y otros aferrados quizás a la imagen del mambí guerrero de las luchas libertadoras, denominan a los homosexuales como pecadores, enfermos, “cochinos”. Expresiones que lastiman.

Hay una serie de prejuicios que se mantienen en el imaginario social. Creer a estas alturas que la homosexualidad es una enfermedad, que es culpa de los padres por no haber estado más atentos en la infancia de sus hijos, que es sinónimo de promiscuidad, desfachatez o que se les puede “pegar” a los niños, deja mucho que desear en un país instruido.

Son esas, trazas de una cultura patriarcal machista que pretende reprimir derechos constitucionales a sectores durante décadas marcados por una orientación y preferencia sexual diferente. No pocos recuerdan el deterioro moral y psicológico que causó creer que la homosexualidad afectaba tanto la evolución generacional como la estabilidad social de la Revolución en sus inicios.

La creación en 1965 de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) acrecentaron los conflictos para grupos sociales como los religiosos, homosexuales y algunos intelectuales, que fueron reclutados como parte de una necesidad productiva y de preparación militar en el país.

Ese período, aunque fue relativamente corto, afectó la vida social y política de quienes lo sufrieron. El asunto de las “desviaciones sexuales” como parte de una patología iba en contra de los principios básicos de la nueva sociedad.

A la historia de la UMAP, siguió el establecimiento de un grupo de “parámetros” que, en la primera mitad de los años 70 del siglo pasado, excluyó a no pocas personas, con inclinaciones sexuales diversas, de los sectores de la educación y de la cultura por ser considerados un mal ejemplo para las nuevas generaciones y, por ende, no aptos para escribir, publicar o actuar en un teatro. 

Así se estableció la separación de los puestos de trabajos de aquellas personas que estaban concebidas dentro de estos conceptos de parametración, término para referirse a homosexuales y diferenciarlos del resto de la sociedad.

Ya en los años 80 y 90 los cambios sobrevienen poco a poco. Con la caída del bloque socialista de Europa del Este y de la Unión Soviética la economía, la sociedad y la cultura se vieron fuertemente afectadas. El proyecto social cubano daría un giro de 180 grados en función de subsistir como modelo y como país.

Para ello, viejos paradigmas políticos y estructurales entraran en una fase de revisión y cambio, en busca, además, de una nueva imagen nacional reivindicada y menos restrictiva tanto social como económicamente.

Fresa y Chocolate, la película del binomio Tomás Gutiérrez Alea, Titón, y Juan Carlos Tabío sobre la homofobia en Cuba, aparece en 1993 para llevar al gran público un tema bastante discriminado y poco reconocido. Con este filme se deconstruyen estereotipos y prejuicios en torno a la homosexualidad.

En las últimas décadas la labor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el ejemplo de Vilma Espín, junto a otras entidades del Estado y la sociedad como la Unión de Jóvenes Comunistas y el Ministerio de Salud Pública, así como la creación de instituciones prioritarias en la educación sexual, como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), han favorecido la promoción de una conducta sexual responsable y más inclusiva.

Todo ese complejo camino hacia la conquista de un lugar en la sociedad cubana, a fuerza de una larga lucha y no poca persistencia, tiene hoy un resultado.

Apareció en el artículo 68 del Proyecto de la nueva Carta Magna cubana una voluntad política e institucional de fomentar el debate a favor de una diversidad sexual inclusiva, lo que demostró el interés marcado de la nación por cumplir y estar a la altura de decisiones internacionales.

La búsqueda de soluciones jurídicas a la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo, es decir, legalmente formalizado o jurídicamente reconocido, evidenció lo distintivo de un país como el nuestro, capaz de reacondicionarse a las nuevas posturas, a las nuevas concepciones, al contexto histórico concreto por el que, irreversiblemente, se encuentra transversalizado.

Otras formas de asumir las familias, el repensarse la composición real de las familias actuales cubanas y la necesidad de un cambio consecuente con las realidades emergentes, necesitó y necesita de análisis profundos, bastante consolidados. De no ser así, ¿dónde quedan los debates y la vinculación de la sociedad con las dinámicas de divulgación como pueden ser las Jornadas cubana contra la homofobia?

Pero, en la consulta del Proyecto de Constitución quedaron al descubierto las opiniones a destiempo y no se alzaron, como se esperaba, las basadas en enfoques atemperados, pues está demostrado que el mayor indicador para la conformación de prejuicios es el desconocimiento e incorrecto manejo de las informaciones alrededor de la homosexualidad en Cuba. Hay etapas que merecen ser quemadas, pero antes habrá indemnizaciones morales acumuladas que hacer  cumplir.

Tampoco el matrimonio igualitario ocupa todo el nuevo Código de las Familias, como para, una vez más, fustigar el asunto. Las problemáticas más significativas que se detectan hoy, y que deben ser abordadas, están relacionadas con el reconocimiento de todas las formas de organización de las familias; las relaciones parentales y de parentesco, así como la protección a los adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Y para saber cómo quedarán —barajadas— las cosas, hay que esperar a que el documento sea presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en marzo de 2021, tras casi 45 años de vigencia del actual Código. Eso sí, tiene que existir coherencia entre el texto constitucional y los postulados que desarrollan el resto de las legislaciones en el ordenamiento jurídico.

Después sobrevendrá la consulta popular, el debate con los diputados y la aprobación definitiva, en Referendo, del texto resultante, tal como lo dicta la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución.

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No se trata de libertad ni de libertinaje, como dicen por ahí, sino de dar derechos constitucionales a un segmento de la población, que si bien no es perfecto, como tampoco lo es el heterosexual, también lo integran excelentes personas que ocupan cargos públicos, participan en las organizaciones políticas, de masas y en la salvaguardia de la patria toda.  Y que, además, merecen encontrar un cupo dentro de nuestra organización social.

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PRECISIONES

Artículo 81. Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines.

Se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes.

La protección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley.

Artículo 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos.

Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga.

Disposición transitoria decimoprimera: Atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.

Por José Alemán Mesa

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